Ya que la campaña electoral terminó dando pie para la discusión del alcance de lo privado y lo público en sectores claves de la economía, vale la pena ver un poco cómo se discute eso mismo, pero en Estados Unidos.
Hace unos días habíamos estado hablando del sistema de salud en ése país, y de una de las reformas que se estaban analizando actualmente (comentada por Krugman): la introducción de un sistema de salud público, en paralelo al privado, como medio para incentivar la competencia, mejorar la atención y reducir costos. En ese mismo post se había mencionado que, para sorpresa mía, los estadounidenses rehuían a una intervención plena del Estado aún en épocas de crisis, y seguían confiando en los mecanismos de mercado para solucionar las cosas.
Pero la cuestión no queda ahí. Los argumentos en contra de éste sistema paralelo donde participa el gobierno, también comenzaron a ver la luz. Es en el artículo principal del Economist de ésta semana donde se esgrimen estos argumentos, y se critica al rol estatal en la salud, dado que, plantean, podría perjudicar la innovación y distorsionar el mercado:
"Another option, favoured by many Democrats and the president, is for the government to step in with a results-based plan of its own, to compete against the private industry.That could harm innovation and distort the market further. Mr Obama should use it as a threat, rather than implement it now. If the private sector does not meet certain cost-cutting targets in, say, five years, a public-sector plan should automatically kick in. Such a prospect would encourage hospitals and doctors to accept a painful but necessary reform now."
¿Cuál es la solución que propone el Economist frente al problema en USA? Una especie de seguro compulsivo de cobertura, que todos puedan pagar, y del que nadie (ni los "malos asegurados", o sea, gente mayor o enferma) pueda quedar excluido:
"All you need do is “mandate” everyone to take out health insurance, much as drivers are legally required to have car insurance. Poorer Americans would get subsidies, and (as with car insurance) insurance-providers would be forced to offer affordable plans and not exclude the sick or the old."
Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto en la latitud sur? Tomando el caso de Estados Unidos podemos deducir dos preguntas claves para definir la necesidad de un intervencionismo estatal: 1) ¿Es capaz el sector privado de proveer el bien o servicio respectivo en las cantidades socialmente necesarias?; 2) De no ser capaz, ¿cómo debería el Estado brindar ese bien o servicio? Ver estas preguntas aplicadas al ejemplo de la salud tal vez deje más claros los conceptos. Primero, es evidente que, al haber 50 millones de estadounidenses sin cobertura de salud, el sector privado no está brindando el servicio de la salud en las cantidades necesarias. Por ello, el Estado debería intervenir, y ahí es donde viene la segunda cuestión: ¿Debería dar directamente el servicio? ¿Debería ser el único proveedor? O, ¿es preferible que imponga un marco regulatorio mejor? ¿Se pueden imponer reglas claras sin una amenaza creíble?
En esas cuestiones está el debate, y es dentro de este marco que se puede pensar la organización económica. Siempre y cuando no estemos inmersos en un sistema de economía centralizada –cosa que no creo que exista en la Argentina-, donde el Estado amplifica sus roles, las “privatizaciones” o “estatizaciones” tienen que ser evaluadas desde una visión que contemple benficios y costos sociales, de forma holística (que comprenda múltipes aspectos).
Basta recordar un ejemplo: al privatizar los trenes en la Argentina, se hacía relucir el argumento de que eran deficitarios. Pero, ¿alguien incluía en ese cálculo los beneficios económicos derivados de la existencia de esos trenes (reducción de costos de transportes, actividad económica en pueblos distantes, puestos de trabajo derivados, etc., etc.)? Lamentablemente en la Argentina no se pensó así. Y basta ver declaraciones de los últimos días, para darse cuenta que las cosas, mucho, no cambiaron.
Pero la cuestión no queda ahí. Los argumentos en contra de éste sistema paralelo donde participa el gobierno, también comenzaron a ver la luz. Es en el artículo principal del Economist de ésta semana donde se esgrimen estos argumentos, y se critica al rol estatal en la salud, dado que, plantean, podría perjudicar la innovación y distorsionar el mercado:
"Another option, favoured by many Democrats and the president, is for the government to step in with a results-based plan of its own, to compete against the private industry.That could harm innovation and distort the market further. Mr Obama should use it as a threat, rather than implement it now. If the private sector does not meet certain cost-cutting targets in, say, five years, a public-sector plan should automatically kick in. Such a prospect would encourage hospitals and doctors to accept a painful but necessary reform now."
¿Cuál es la solución que propone el Economist frente al problema en USA? Una especie de seguro compulsivo de cobertura, que todos puedan pagar, y del que nadie (ni los "malos asegurados", o sea, gente mayor o enferma) pueda quedar excluido:
"All you need do is “mandate” everyone to take out health insurance, much as drivers are legally required to have car insurance. Poorer Americans would get subsidies, and (as with car insurance) insurance-providers would be forced to offer affordable plans and not exclude the sick or the old."
Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto en la latitud sur? Tomando el caso de Estados Unidos podemos deducir dos preguntas claves para definir la necesidad de un intervencionismo estatal: 1) ¿Es capaz el sector privado de proveer el bien o servicio respectivo en las cantidades socialmente necesarias?; 2) De no ser capaz, ¿cómo debería el Estado brindar ese bien o servicio? Ver estas preguntas aplicadas al ejemplo de la salud tal vez deje más claros los conceptos. Primero, es evidente que, al haber 50 millones de estadounidenses sin cobertura de salud, el sector privado no está brindando el servicio de la salud en las cantidades necesarias. Por ello, el Estado debería intervenir, y ahí es donde viene la segunda cuestión: ¿Debería dar directamente el servicio? ¿Debería ser el único proveedor? O, ¿es preferible que imponga un marco regulatorio mejor? ¿Se pueden imponer reglas claras sin una amenaza creíble?
En esas cuestiones está el debate, y es dentro de este marco que se puede pensar la organización económica. Siempre y cuando no estemos inmersos en un sistema de economía centralizada –cosa que no creo que exista en la Argentina-, donde el Estado amplifica sus roles, las “privatizaciones” o “estatizaciones” tienen que ser evaluadas desde una visión que contemple benficios y costos sociales, de forma holística (que comprenda múltipes aspectos).
Basta recordar un ejemplo: al privatizar los trenes en la Argentina, se hacía relucir el argumento de que eran deficitarios. Pero, ¿alguien incluía en ese cálculo los beneficios económicos derivados de la existencia de esos trenes (reducción de costos de transportes, actividad económica en pueblos distantes, puestos de trabajo derivados, etc., etc.)? Lamentablemente en la Argentina no se pensó así. Y basta ver declaraciones de los últimos días, para darse cuenta que las cosas, mucho, no cambiaron.
1 comentario:
Muy interesante el post la verdad. A veces me sorprende el grado de liberalismo que tienen los yanquis en la cabeza, incluso cuando es vox populi que su sistema de salud es de los peores del mundo desarrollado.
Nosotros no estamos exentos de problemas como este. Tenemos un sistema de salud público con muy buenos recuros humanos pero una infraestructura e insumos terriblemente devaluada, y un sistema privado cada vez más caro, sin contar las obras sociales que son cajas negras de los sindicatos (cosa que no se da en ningún otro país). Por lo poco que pude estudiar del tema en Finanzas Públicas ¿no nos saldría más barato cobrar un impuesto (o las mismas cargas sociales que se cobran ahora) para un buen sistema estatal para todos?
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